El art.-43 de la Constitución Española establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, prestaciones y servicios necesarios. En este marco jurídico se enclava la lucha contra las drogas y su regulación.
Los delitos contra la Salud Pública comprenden todas aquellas conductas que inciden de forma negativa en la colectividad, afectando a la salud pública y a la salud individual de las personas que forman parte de una sociedad.


